Nicaragua intenta impulsar diálogo en medio de agravamiento de violencia

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Nicaragua intenta mantener el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición que quiere sacarlo del poder en medio de una incesante violencia que el sábado elevó a 178 los muertos en dos meses de protestas.

El gobierno izquierdista y la oposición se encontraron el sábado por segundo día consecutivo tras reanudar las conversaciones mediadas por los obispos católicos. Pero la reunión estuvo ensombrecida por la muerte de ocho personas, seis de ellas cuando un grupo armado incendió su casa.

En la cita las partes decidieron reunirse el lunes para debatir vías para la democratización del país, incluyendo el adelanto de las elecciones presidenciales de 2021 a marzo de 2019.

Seis de los fallecidos el sábado, entre ellos dos niños, eran miembros de una familia cuya casa fue incendiada por bombas molotov lanzadas por encapuchados armados, informó la Policía.

Una mujer y un niño sobrevivieron lanzándose desde un balcón, según vecinos.

“Una vez más policías, parapolicías y turbas afines al gobierno fueron protagonistas de ataques”, denunció Michael Healy, un vocero de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que agrupa a grupos civiles, estudiantes, empresarios y campesinos que buscan que Ortega deje el poder.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó del incendio a manifestantes que están en las barricadas.

Además otras dos personas murieron atacadas por encapuchados cuando intentaban despejar una carretera que había sido bloqueada, según la policía.

Adelantar elecciones
El diálogo, reabierto el viernes, “abre la posibilidad, al menos teóricamente, de tratar el tema de la democratización”, cuyo alcance dependerá de la voluntad de Ortega de cumplir con los acuerdos, afirmó a AFP el abogado y economista Enrique Sáenz, un disidente del gobernante sandinismo.

El plan contempla trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.

Propone, además, que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial para impedir que se vuelva a postular Ortega, en el poder desde 2007.

El mandatario ha expresado su disposición de trabajar por la democratización, pero no se pronunció sobre la eventual reducción de su mandato que expira en enero de 2022.

En las conversaciones el gobierno aceptó invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente.

Ganando tiempo 
“Lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo” en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes, dijo a la AFP el sociólogo y analista Oscar René Vargas.

Para Enrique Sáenz, la visita “de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH” permitirá “mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen”.

Las partes también convinieron en crear este sábado una Comisión de Seguridad para analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes han instalado en las principales carreteras del país para presionar por la salida de Ortega.

No obstante, la oposición advirtió que seguirá cortando las rutas hasta que cese la represión.

Mientras avanzan las conversaciones, barrios capitalinos viven aterrorizados por constantes ataques de fuerzas policiales, mientras pobladores levantan barricadas para resguardarse.

Nicaragua vive un clima permanente de protestas desde que comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones, que se extendieron por inconformidad con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

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